Mirar Tamara Cordero

Ni mínimo ni vital: Cuando no hay de donde sacar

GRAF9028. MADRID, 21/05/2020.- Vista de la fila de clientes que aguardan su turno para entrar al economato de Cáritas en el distrito madrileño de Tetuán, donde familias y personas necesitadas pueden comprar alimentos y otros productos de primera necesidad a precio subvencionado. La crisis causada por la pandemia ha golpeado duro a las comunidades de latinoamericanos en España, con frecuencia en el nivel más frágil de la escala social, y ahora muchos de ellos se ven abocados a la pobreza y a la ayuda para sobrevivir. A menudo atrapados en empleos temporales o informales, los latinos se han visto afectados de forma desmedida por el huracán que se ha llevado por delante, hasta ahora, casi 950.000 empleos. EFE/Rafael Cañas
© Rafael Cañas

La complejidad del desarrollo del llamado Ingreso Mínimo Vital y la falta de coordinación entre administraciones pone en jaque la medida más social del Ejecutivo. Mientras, las familias siguen esperando una cuantía imprescindible para servir un plato de comida en la mesa que no llega.

Fue aprobado en el Real Decreto 20/2020 del 29 de mayo de 2020 y vitoreado por la totalidad del Gobierno de España. “El Ingreso Mínimo Vital supone el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia en el año 2006”, anunciaba el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Cáritas llevaba varias legislaturas incluyendo esta medida vital entre sus peticiones al Ejecutivo, desde que surgieron las rentas mínimas autonómicas. Y el Gobierno respondió con la urgencia de adaptarse a la realidad que se vivía en plena crisis por la pandemia, acelerando su aprobación y puesta en marcha. Con la misma alegría, las familias recibieron la noticia como agua de mayo, en un momento en el que la situación que vivían ya se tornaba insostenible: “Cuando escuché que se aprobaba pensé que me había tocado la lotería, porque, aunque 462 euros no da para hacer frente a todos los gastos, yo podría administrarme”, cuenta Carmen desde Jerez de la Frontera, donde “los curas”, como ella se refiere a la parroquia, le han prestado un ordenador y conexión a Internet para que podamos hablar por videoconferencia.

Pero enseguida se comenzó a ver que su aplicación no iba a ser nada sencilla. Y las familias seguían esperando. El Ministerio de Inclusión, dirigido por José Luis Escrivá, ya venía analizando la situación de las personas que viven en una mayor exclusión, y querían llegar con el IMV a lo que las rentas mínimas no llegaban; sin embargo, la poca eficiencia administrativa demostrada hasta el momento está consiguiendo justo lo contrario.

Desde Cáritas denuncian que es “la norma la que debe adaptarse a la realidad de las personas para cumplir su finalidad y objetivo”, es decir, que primero se debe conceder la ayuda de urgencia, y luego comprobar todos los requisitos y duplicidades si es necesario. Porque la realidad es que la ayuda no está llegando a los hogares.

También desde la Fundación Madrina, en un informe publicado el pasado mes de junio, afirman que el Ingreso Mínimo Vital no llegará al 47% de las familias en riesgo de exclusión y que 9 de cada 10 familias vulnerables no podrán acceder a la ayuda por su situación incompatible con el desarrollo del reglamento de la ley.

Carmen tiene 48 años, vive con su hija de 19, que es estudiante, y desde 2008 no cuenta con trabajo estable. Su último empleo fue en 2017, cuando la contrataron en un colegio público para limpiar a media jornada durante un corto periodo de tiempo. Desde entonces, su único ingreso son 120 euros que en concepto de ayuda le ingresa mensualmente (a excepción del mes de agosto) la asistenta social de su Ayuntamiento y los alimentos que la Cáritas de la Parroquia San Pablo, la Asociación Tarsis y Cruz Roja tienen a bien darle cada cierto tiempo. Es muy clara: “Los voluntarios siguen ayudando y se están poniendo en riesgo, sin embargo, los funcionarios están en casa teletrabajando y no pueden ayudarme”. Su vivienda es de alquiler social y la cuantía mensual a la que debe hacer frente es baja, aunque ni siquiera puede realizar el pago de la misma, de la que ya acumula una gran deuda. “No puedo pagar nada –nos cuenta–. Acumulo los recibos de alquiler, luz y agua, y espero hasta que puedan recibirme en Asuntos Sociales y ayudarme. Si uso los 120 euros para pagar un recibo de luz, no puedo comer, hay que decidir: o comemos o pagamos”. Una realidad a la que por desgracia se enfrentan miles de familias que se encuentran en la misma situación que la jerezana.

Una de las críticas al IMV ha sido la relacionada con su solicitud telemática. Su puesta en marcha coincidió con el cierre al público de las oficinas de la Seguridad Social por lo que esta era la única forma de hacerlo. Carmen no tiene acceso a Internet en casa y solo cuenta con unos gigas en el móvil que amablemente paga su madre cada mes para no dejarla incomunicada. “Me fui a la plaza Arenal a coger WIFI para poder echarlo, es para reírte… Eran las nueve de la noche y todavía estaba cogiendo WIFI, la página web no cargaba”. Finalmente, la ayudó un voluntario de los muchos que conoce, que le prestó Internet y la asesoró en la solicitud.

Teresa, madre de una niña de cinco años y con tan solo 25, lo tuvo más fácil. “Sí me resultó sencillo, eché la solicitud desde el móvil”, nos cuenta desde Málaga. Allí esta joven que ahora mismo no tiene ningún tipo de ingresos, trabaja por horas, cuando la llaman, realizando labores de limpieza. Vive con su madre, porque no tiene otra opción. Quizás ella sea una de las pocas que sí ha recibido respuesta de la Administración. Le denegaron el Ingreso Mínimo Vital alegando que le faltaba un mes de desempleo para cumplir el año que al principio solicitaban. Esperó pacientemente a contar con este requisito y finalmente pudo volver a echarlo. De esto hace ya un tiempo y aún no ha obtenido respuesta.

“Se ha realizado un cambio en el tiempo previsto para la resolución de estas ayudas”, cuenta Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española. “Al principio se decía que la administración tenía tres meses para resolver con silencio negativo y ahora ese plazo se ha visto ampliado a seis meses” y reclama: “Esta renta es de urgencia, la última red de protección para personas que no tienen ningún ingreso y es una barbaridad que al presentar la solicitud tengan que esperar hasta seis meses y si finalmente es negativa, seguir esperando los plazos correspondientes de otras ayudas, como las rentas autonómicas”. Parece que no existe conciencia de la absoluta desesperación e incertidumbre que viven en el día a día estas personas. La experta añade: “Esta dilación en el tiempo hiere la finalidad de la norma, va absolutamente en contra de ella”. 

Abril constata que, a pesar de celebrar la aprobación de lo que considera una medida imprescindible que faltaba en nuestro país, se están dando muchas dificultades que hay que subsanar en el desarrollo de la ley. Así, afirma que “hay algunos temas de la propia normativa que excluyen justo a la mayor población de riesgo y exclusión”.

Lo mismo piensa Ana Roda, voluntaria de comunicación de la Fundación Madrina, que cree que la ayuda debe ser eficaz y adecuada a la situación que estás viviendo en ese momento”, algo imposible de desarrollar si la misma se obtiene en relación a los ingresos del año anterior, como solicitaban al comienzo de su puesta en marcha.

En el plano de desarrollo, algunas de las contradicciones son las que se encuentran entre la vinculación del domicilio del solicitante con la solicitud del IMV, requisito excluyente que da por hecho que todas las personas en condición de pobreza severa extrema tiene acceso a una vivienda y a empadronarse en ella. Una razón que dista mucho de la realidad, como confiesa Roda: “hoy empadronarse es un lujo”. También el Real Decreto establece que solo se concederá la ayuda a un máximo de dos unidades de convivencia por domicilio, cuando la realidad de nuestro país es otra y muchas familias comparten techo para poder hacer frente a los gastos del alquiler. El primer desarrollo de la medida dejaba fuera a los jóvenes de entre 18 y 22 años, que en su mayoría son ex tutelados o extranjeros y no reciben otro tipo de apoyo. Además, se excluía también a las personas que estaban en residencias permanente financiadas por fondos públicos, demandantes de esta ayuda por la necesidad de salir de los centros donde están. La casuística es dificultosa y amplia, por lo que los destinatarios se encuentran muchos escollos que salvar en la lucha por una ayuda vital para seguir viviendo.

El escenario es complejo, pero la urgencia de la situación que estamos viviendo en la actualidad requiere de aplicaciones urgentes y extraordinarias. Así lo defiende Cáritas Española. Ya los Reales Decretos 25/2020, 28/2020 y 30/2020 introdujeron en sus disposiciones finales cambios en la regulación del IMV, para incluir más perfiles y poder conceder un mayor número de ayudas, aunque sigue siendo insuficiente. No obstante, el plazo de enmienda sigue prorrogándose y desde Cáritas están haciendo llegar a los grupos parlamentarios las mejoras que creen necesarias para que puedan tenerse en cuenta, por lo que se espera que en las próximas semanas el desarrollo del reglamento sea más abierto y considere la situación actual en la que se encuentran los destinatarios de estas ayudas.

El Ingreso Mínimo Vital quiere ser la última barrera en la que puedan apoyarse estas familias. Y tiene vocación de ser compatible con ingresos por contrato de trabajo hasta que se complete un ingreso real que sea suficiente para poder salir de la situación de vulnerabilidad, así como con otro tipo de ayudas autonómicas y locales, algo imprescindible en su desarrollo y aplicación. “El IMV tiene una cuantía aceptable siempre y cuando se complemente con las rentas mínimas autonómicas”, comenta Sergio Guardeño, director de la Cáritas Parroquial Virgen del Camino en Málaga.

Pero en Cáritas Española por lo que están preocupados estos días es por la legislación autonómica, ya que muchas rentas mínimas están legisladas de tal forma que son imposibles de compatibilizar con otros ingresos; por lo que al mismo tiempo que se está desarrollando la legislación del IMV, las autonomías están en proceso de reajustarse para buscar esa complementariedad.

Carmen lleva más de año y medio esperando la aprobación y cuantía de la Renta Estatal Autonómica de Andalucía, y aún no ha obtenido respuesta. Le dicen que aún le quedan meses para poder recibirla. El IMV tampoco llega. Mientras, cada día ella se levanta, sale a la calle y va de puerta en puerta pidiendo una barra de pan o unos tomates para poder hacer un potaje de lentejas. ¿El pescado? Un lujo que no prueban desde hace mucho tiempo. Como ella, miles de personas esperan que este Ingreso Mínimo Vital les deje respirar para concentrarse en lo que consideran más importante: encontrar un empleo.

Las voces más críticas con esta prestación no contributiva de la Seguridad Social, hablan de la comodidad de recibir una ayuda económica sin estar realizando un trabajo y plantean dudas sobre si las familias se quedarán ancladas en este tipo de servicios. Desde Cáritas son claros: “Si la ayuda es tan maravillosa, probemos cualquiera a vivir con 462 euros al mes, a ver qué tal nos van las cosas. Las personas quieren un trabajo y los estudios publicados demuestran que no hay una correlación entre la prestación y el acceso al empleo”, afirma Abril. De la misma opinión es Guardeño: “Esta medida va a suponer un alivio para muchas familias que acompañamos y su vinculación con el empleo, completando un sueldo digno, hará que la gente esté más dispuesta a buscarlo”.

Carmen es lo único que pide: “Tenemos edad de trabajar y lo que tendrían que hacer es crear puestos de trabajo y no ayudas miserables. Un puesto de trabajo me daría seguridad, también para el día de mañana, pero una ayuda de 400 euros o de la cuantía que sea es pan para hoy y hambre para mañana. Soy digna de tener un trabajo, que me lo den, que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener un trabajo y un techo donde vivir y trabajar nos da la vida”.

El Gobierno afirma, oficialmente, que 136.000 hogares cuentan con la aprobación de esta prestación, y que está llegando a más de 400.000 personas. Sin embargo, no es la sensación de ciudadanos y organizaciones que se están encargando de gestionar el temido papeleo.

Tanto Ana Abril como Ana Roda piden que se involucren las administraciones locales, para acompañar los procesos. Y la misma Carmen dice que sería mucho más fácil si los trámites se hiciesen frente a una persona que te indicase cuales son los documentos a adjuntar o cual es el siguiente paso a dar. La realidad es que la Administración se ha visto desbordada por la magnitud del número de solicitudes que ha recibido. Y que la urgencia apremia para ayudar a las personas que más lo necesitan. Se espera que en los próximos días se sigan aprobando enmiendas al Real Decreto y que el desarrollo normativo sea mucho más incluyente, para que, por fin, podamos decir que este sí es uno de los mayores avances en derechos sociales que se han vivido en nuestro país. Porque el respeto y la protección de los derechos fundamentales está por encima de cualquier norma.

Un ‘hasta luego’ a Carmen al otro lado de la pantalla: “Ojalá pronto te concedan el Ingreso Mínimo Vital”. Ella responde: “Prefiero poder contarte que he encontrado un trabajo”.

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